El consumo de tokens: ¿un nuevo producto todavía no suficientemente regulado?

En breve: La clave de API permite entrar en la cuenta; el token de IA mide el texto que el modelo procesa y que se factura por consumo. El autor defiende tratar ese token como producto y examina por qué las categorías penales existentes no dan una respuesta segura, distinguiendo saldo prepagado y deuda con el proveedor.

Hoy mismo escribí sobre el robo de claves de API y sobre quien consume IA a costa de otro. Pero esa historia deja una pregunta en el aire: ¿qué es exactamente lo que se roba?

Antes, dos palabras que conviene no mezclar. La clave (que se puede llamar también token) es la credencial que abre la cuenta. Pero aquí hablamos de token como la unidad de medida y de consumo de la IA: la pieza de texto mínima que el modelo lee o escribe: un trozo de palabra, una palabra corta, un signo. La clave es la llave de casa. El token es la luz que se gasta dentro.

Lo que pagamos son tokens

Basta mirar una tarifa. Un precio por cada millón de tokens que envías y otro por cada millón que el modelo te devuelve. La factura es, literalmente, una cuenta de tokens.

Para fabricarlos, el proveedor necesita centros de datos, chips, programas y una cantidad enorme de electricidad. Pero nada de eso es lo que vende. Cuando compro una cartulina, alguien ha usado una fábrica, máquinas y energía para hacerla, y lo que me cobran es la cartulina. Cuando pago la luz, la central ha quemado gas o ha movido turbinas, y lo que pago son kilovatios hora.

Con la IA ocurre lo mismo. El token no es solo la unidad con la que se mide algo: es el producto. Se mide, se paga y se consume. Si pagas por adelantado, tu saldo se va convirtiendo en tokens. Si pagas a fin de mes, cada token se convierte en deuda. En los dos casos, lo que circula son tokens.

Las autoridades ya miran el producto final

La idea no es tan extraña. En 2018, la Hacienda noruega tuvo que decidir qué vendía una empresa que alquilaba capacidad de cálculo para minar bitcoin. Concluyó que vendía eso, capacidad de cálculo, y que la electricidad era solo un coste para producirla. Es la lógica de la cartulina aplicada a la informática.[1]

Otros países han ido más lejos y protegen penalmente el uso de ordenadores ajenos. En Estados Unidos, la ley federal contra el fraude informático reconoce el valor del uso de un ordenador, y California, Texas y Nueva York incluyen el tiempo y el procesamiento informático entre los servicios cuyo uso sin autorización puede castigarse.[2][3][4][5] En Inglaterra y Gales se separa el robo de electricidad de la obtención fraudulenta de servicios, y Suiza castiga expresamente obtener sin pagar las prestaciones de un equipo de procesamiento de datos.[6][7][8]

Todas estas normas tienen algo en común: protegen la máquina y su uso. Ninguna habla del token. Se quedan en la fábrica y no llegan a la cartulina.

Ya pasó con la electricidad

Esto no es la primera vez que ocurre. En 1899, el tribunal supremo alemán declaró que la electricidad no era una «cosa» y no se podía hurtar. Al año siguiente, Alemania aprobó una ley específica.[9][10][11] En 1977, el Supremo de Virginia anuló una condena por usar sin permiso el ordenador de una universidad: el tiempo de ordenador valía dinero, pero no era un bien que se pudiera robar según la ley de entonces.[12] Luego llegaron las leyes.

La lección es siempre la misma. Un juez no puede condenar por parecido. Cuando un producto nuevo y valioso no encaja en los tipos existentes, hace falta que el legislador lo nombre. Y no todo vale: en 2022, el Supremo japonés absolvió a quien había usado los ordenadores de los visitantes de su web para minar criptomonedas, porque el programa no se consideró socialmente inadmisible y faltaba así uno de los requisitos del delito.[13]

Los tokens robados ya están en los tribunales

El caso más claro hasta ahora es el de Storm-2139. Microsoft demandó en Estados Unidos a un grupo que usaba claves robadas para revender acceso a sus modelos. En su recomendación de mayo de 2026, el magistrado recoge alegaciones de la demanda, tenidas por admitidas en rebeldía, sobre clientes privados de los «tokens they had paid for», los tokens que habían pagado.[14]

Es un pleito civil, no una condena penal, y el juez no dice que el token sea una cosa que se pueda robar. Pero describe el daño tal como es: a la víctima le quitaron tokens que había comprado.

En España y en Noruega, el token no tiene casilla

Si mañana Clara, la de la gestoría de mi artículo anterior, denuncia que le han gastado 1.480 euros en tokens, el fiscal tendrá que buscar dónde encaja eso. Y no es fácil.

En el artículo anterior planteaba el 255 como un argumento que se podía defender; aquí explico por qué creo que no basta para dar una respuesta segura al consumo de tokens. El artículo 255 del Código Penal castiga defraudar «telecomunicaciones u otro elemento, energía o fluido». El token no es energía ni fluido, y «otro elemento» es demasiado vago para estirarlo, porque la ley penal no permite la analogía contra el acusado. El 256 exige usar un terminal ajeno, y consumir una API no es exactamente eso. Y la estafa informática del 249.1.a exige una transferencia no consentida de un activo patrimonial, cuando muchas veces lo que hay es una deuda con el proveedor.[15]

En Noruega, el Código Penal equipara la energía a una cosa, pero no nombra los tokens.[16] Además del fraude informático del § 371 b), su modalidad grave del § 372 y la receptación del § 332, habrá que examinar el uso ilícito de sistemas informáticos ajenos de los §§ 343 y 344, al que se refieren sus trabajos preparatorios.[17][18][19][20] No conozco ninguna sentencia española ni noruega sobre tokens de IA.

Hay una distinción práctica que ayuda. Si Clara tenía saldo prepagado, el ladrón ha gastado dinero que ya era suyo, y eso se parece mucho a una estafa informática. Si pagaba a fin de mes, le han generado una deuda, y eso se parece más a enganchar un cable al contador de otro. Pero ninguna de las dos casillas está hecha para el token.

Europa tampoco lo ha resuelto

En la UE no hay una categoría específica para el token de IA facturado por consumo. Hay piezas sueltas que protegen a quien contrata el servicio.

El Reglamento de IA usa la palabra token, pero solo para medir el tamaño de los datos de entrenamiento.[21] El Reglamento de Datos regula el acceso a recursos informáticos y el cambio de proveedor, incluidos los datos exportables, pero no define el token facturado como producto.[22] La Directiva de contenidos y servicios digitales protege a consumidores; los Estados pueden extender esa protección a empresas.[23] A efectos de IVA, la respuesta automatizada de una IA encaja en la definición de servicio electrónico, aunque se facture en tokens, y un saldo prepagado podría ser un bono a efectos de IVA, según cómo esté diseñado.[24][25]

En lo penal, los artículos 3 y 7 de la directiva sobre ataques informáticos protegen la puerta, es decir, el acceso y las claves, pero no tipifican por sí mismos el consumo de tokens.[26] La de fraude en medios de pago exige que se transfiera dinero, valor monetario o moneda virtual, y no está claro que un token lo sea.[27] Y MiCA, la norma de criptoactivos, no tiene nada que ver: un token de IA facturado por consumo no es, por eso, un criptoactivo transferible y almacenable mediante tecnología de registro distribuido o similar.[28]

Europa regula la máquina, el servicio, el impuesto y la puerta. El producto que aparece en la factura sigue sin nombre.

Hay que nombrarlo

La solución no es forzar el 255 ni esperar a que un tribunal se atreva. Es hacer lo que se hizo con la electricidad: nombrarlo. Bastaría con que los artículos 255 y 256 del Código Penal incluyeran expresamente los tokens y demás unidades de procesamiento de datos que se facturan por consumo, como ya hace Suiza con el procesamiento de datos.[8] Con una condición: que no cualquier incumplimiento de unas condiciones de uso se convierta en delito.

Y no solo en lo penal. Hace falta claridad sobre cómo se informa del precio por token, qué pasa con el saldo que caduca, cómo tributa el prepago y cómo se contabiliza.

Mientras tanto, cualquier empresa que use IA por API debería revisar cuatro cosas: cuánto cuesta cada token y quién paga los que se consumen sin permiso; si paga por adelantado o a fin de mes; si su límite de gasto corta de verdad o solo avisa; y si guarda los registros necesarios para demostrar qué tokens fueron suyos y cuáles no.

Si me facturan tokens, consumo tokens, igual que consumo kilovatios hora y no turbinas. El contador ya cuenta tokens. Es hora de que la ley también los cuente.